NOTICIAS PARA LA P.Y.M.E.

Más del 50% de pymes que se crean cada año en españa cierran en los primeros siete años de vida, y dos de cada tres empresas lo hacen durante la primera generación de sus dueños. El principal problema para la supervivencia de este tipo de empresas es la dificultad que tienen para conseguir un relevo generacional, según informó VR Bussiness Brokers en un comunicado.

El ciclo generacional de la pyme certifica que un 65% de las empresas alcanzan la primera generación; un 25% llegan a la segunda; un 9% a la tercera y 1% a la cuarta. Estas estadísticas dejan claro que 2 de cada 3 empresas cierran a manos de sus dueños originales.

Para paliar esta problemática VR Bussiness Brokers recomienda a los empresarios recurrir a la compra y venta de empresas ya existentes en lugar de montar un negocio desde cero.

Según VR Bussiness Brokers, especializados en la asesoría de compra-venta de empresas, las ventajas residen en que el negocio ya está organizado y equipado para la apertura, cuenta con empleados clientes, proveedores, local y equipos; y los bancos están más dispuestos a prestar dinero a los negocios que cuentan ya con registros financieros que avalen la trayectoria.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2007 se crearon 426.321 nuevas empresas y 260.122 cesaron su actividad. En España hay más de 2,8 millones y medio de empresas familiares, que representan el 75% del empleo privado, es decir, dan empleo a más de 13,5 millones de trabajadores. (Ep)

El 58% de las empresas afirma que la apreciación del euro no repercute directamente en su negocio, mientras una de cada cuatro (25%) considera que sí está generando dificultades en su actividad, según un informe de las Cámaras de Comercio.

De la encuesta realizada a más de 4.700 empresas españolas se desprende que el 36% de las compañías está reduciendo su margen comercial y más de la mitad considera que su estrategia ante la apreciación del euro se centra en la mejora de la calidad y del servicio.

Asimismo, el 89% de las compañías afirma que la revalorización de la moneda única no proporciona nuevas oportunidades de negocio y el 85% considera que tampoco supone una ocasión para invertir.

Por sectores, las compañías industriales ven un efecto negativo de la apreciación del euro en su cifra de negocio y exportaciones fuera de la zona euro, por lo que una de cada tres ve dificultades por la cotización de la divisa y llevará a cabo cambios en su estrategia.

Por su parte, las empresas de hostelería y turismo son las que en mayor medida están viéndose obligadas a reducir sus márgenes comerciales ante la apreciación de la moneda única.

Las empresas grandes, las más afectadas

Según al tamaño de las empresas, las grandes, de más de 250 empleados, se han visto más afectadas por la apreciación de la moneda europea, ya que las compras fuera de la zona euro toman especial relevancia entre este tipo de empresas.

En cuanto a las medidas para contrarrestar los efectos, las compañías grandes y medianas se centran en mejorar la calidad y el servicio, y una de cada cuatro cree que la subida del euro supone una oportunidad para invertir en el exterior.

El euro sube un 83% frente al dólar desde 2002

Desde 2002, el tipo de cambio del euro frente al dólar ha experimentado una apreciación superior al 83% hasta situarse actualmente por encima de los 1,55 dólares por euro, y tras marcar un cambio récord de 1,6 'billetes verdes' por cada unidad.

La evolución del euro respecto al dólar se puede explicar por los tipos de interés que existen en la zona euro y Estados Unidos, así como por el diferencial de inflación, de crecimiento y por la movilidad de capitales. (Agencias)

El Instituto de la Empresa Familiar (IEF) apuesta por forjar un pacto de Estado entre los dos grandes partidos nacionales en materia económica para afrontar el periodo de desaceleración que atraviesa actualmente la economía.

"Será el revulsivo que necesita la economía para afrontar con garantías un escenario incierto, pero también repleto de oportunidades para quien sepa aprovecharlas", asegura la entidad en su publicación ''IEF25'' correspondiente al tercer trimestre.

Según el IEF, el inicio de una nueva legislatura supone una gran oportunidad para que los grandes partidos políticos recuperen la senda del diálogo que se había perdido.

En este sentido, recuerda que los grandes acuerdos, como la entrada en la UE, los Pactos de la Moncloa o el Pacto de Toledo han representado algunos de los pilares sobre los que aún hoy se asienta el crecimiento económico.

Por todo, apuesta por un pacto de Estado en materia económica para reactivar la actividad, ya que el clima político de la última legislatura no ha sido, a su juicio, el "más conveniente", aunque reconoció la importancia de algunos acuerdos que han hecho posible reformas como la contable, la ley de competencia o la ley de OPA''s. (Efe)

Trabajo asume la facultad de revisar el contingente de ciudadanos extracomunitarios que pueden tener empleo en España. Hasta ahora, era necesaria la solicitud previa de las empresas o las autonomías para hacer cambios.

La CEOE reclama al Gobierno que ninguna de las medidas que adopte para paliar la desaceleración suponga un aumento de costes y una carga para las empresas en los próximos dos años que, en su opinión, durará esta fase. Las materias 'especialmente sensibles' serán la subida del salario mínimo y las cotizaciones a la Seguridad Social.

Las medidas anunciadas por el Gobierno en materia económica 'son pocas y será necesario adoptar más para afrontar la desaceleración este año, que va a ser malo, y 2009, que va a ser peor'. Con este escepticismo resumía el presidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, la postura de los empresarios ante la próxima legislatura.

Previamente, Díaz Ferrán había presidido la reunión de la junta directiva de CEOE que elaboró un documento de consideraciones para el Gobierno y el próximo proceso de diálogo social.

Para empezar, los empresarios lanzaron una clara advertencia para los próximos dos años que prevén que duren las dificultades económicas: las medidas que se adopten para afrontar la desaceleración no podrán 'perjudicar la competitividad, el crecimiento y el empleo, con mayores cargas para las empresas'. En ese sentido, la CEOE alertó que en las próximas negociaciones, los empresarios serán 'especialmente sensibles' con cualquier eventual aumento de cotizaciones a la Seguridad Social o con los futuros incrementos del salario mínimo interprofesional (SMI).

Esta advertencia dificulta, de entrada, las negociaciones del nuevo diálogo social ya que la subida del salario mínimo -de los actuales 600 euros mensuales a 800 euros- es una promesa electoral del PSOE y un compromiso del discurso de investidura, que José Luis Rodríguez Zapatero tiene la intención de cumplir en esta legislatura.

El temor de los empresarios es que este incremento de la renta mínima no sólo afecte a 150.000 perceptores directos del SMI, sino que produzca un 'efecto cascada' contagiando al alza al resto de los salarios.

La polémica, por tanto, esta servida, máxime cuando en octubre pasado los empresarios ya se quejaron de esta propuesta socialista que, además, dividió entonces al Gobierno. Mientras que desde Moncloa se daba el visto bueno a la petición sindical de elevar el SMI a 800 euros entre 2008 y 2012, el ministro de Economía, Pedro Solbes, insistía en preguntarse si se debía tomar una decisión como esa 'cuando no se sabe como va a ir la economía'.

Ahora, meses después, se sabe algo más y las noticias no apuntan precisamente a una mejora económica. Por ello, los empresarios insistieron en recordar al Gobierno que 'esta nueva situación de desaceleración de la economía está teniendo especial incidencia en el mundo de la PYME, porque tiene menos medios financieros y encuentra enormes dificultades para obtener recursos para su normal actividad'.

Ante esta situación, la CEOE aboga porque las medidas que se adopten aligeren las cargas empresariales. Entre estas medidas están una rebaja del impuesto de sociedades; una mejora del régimen fiscal de las amortizaciones; mantener el actual sistema de deducciones por I+D+i más allá de 2011; o suprimir los impuestos sobre actividades económicas, patrimonio y sucesiones y donaciones.

En el terreno laboral aconseja 'seleccionar medidas que tengan mayor y más rápido impacto en favor de la creación de empleo'. En este sentido las exigencias patronales apuntan a una rebaja de las cotizaciones empresariales.

De hecho, los líderes patronales se temen que, ante un eventual empeoramiento de la economía que dispare el gasto en desempleo, el Gobierno pudiera decidir aumentar las contribuciones empresariales. De ahí, parte de la advertencia para que no se incrementen ninguna de las cargas de las empresas.

Dicho todo esto, Díaz Ferrán reprochó implícitamente al Gobierno que no haya tomado medidas preventivas ante la crisis, ya que, según explicó, otros países suelen acometer las reformas necesarias en épocas de bonanza, 'y no cuando hay vacas flacas, como ahora, que tendremos que hacer estas reformas de manera urgente'. (R. Pascual)

España es uno de los países de la Unión Europea donde las microempresas -de entre 1 y 9 empleados- emplean a un mayor porcentaje de trabajadores (el 38,6% del total de la economía no financiera, frente al 29,6% de media comunitaria), según los datos difundidos hoy por la oficina estadística comunitaria, Eurostat, correspondientes a 2005.

El informe pone además de relieve el destacado peso que tienen en la economía las empresas pequeñas -de entre 10 y 49 trabajadores-, que representan el 25,7% del empleo, frente al 20,6% de promedio en la UE.

En cambio, se está por debajo de la media europea en cuanto al papel de las grandes empresas -de más de 250 trabajadores-, que sólo crean el 21,3% del empleo, frente al 33% del conjunto de la UE. Lo mismo ocurre con las empresas medianas -entre 50 y 249 empleados-, que representan el 14,5% del empleo y en los Veintisiete el 16,8%.

En 2005, la UE contaba con cerca de 20 millones de empresas operando en la economía no financiera. El 92% de las mismas eran microempresas, que daban trabajo a 38 millones de personas, el 30% del empleo total, y generaban 1,1 billones de euros de valor añadido, el 21% del total. Los sectores donde el peso de las microempresas era más grande en términos de empleo son el inmobiliario (56%), los hoteles y restaurantes (45%) y el comercio de automóviles (43%).

La clasificación de los Estados miembros donde las microempresas tienen un mayor peso en la generación de empleo la encabeza Grecia (56%), seguida de Italia (47%), Portugal (43%), Chipre (40%), Polonia (39,2%) y España (38,6%). En los últimos puestos del ranking se encuentran Eslovaquia (13%), Alemania (19%), y Dinamarca, Luxemburgo y Rumanía (20%).

En cuanto a las grandes empresas, en 2005 existían alrededor de 40.000 en la UE, el 0,2% del total, pero suponían el 33% del empleo y generaban el 42% del valor añadido. Los países donde las grandes empresas tienen un mayor peso son Eslovaquia y Reino Unido (46%), mientras que Chipre (16%), Grecia y Portugal (18% cada uno) registran las cifras más bajas. (Ep.)

La desaceleración económica comienza a notarse también en la demanda de crédito de las empresas, sobre todo las de menor tamaño. Así lo puso de manifiesto el presidente del Instito de Crédito Oficial (ICO), Aurelio Martínez. De enero a marzo la entidad que preside dispuso para las pymes de 1.405 millones de euros dentro de la línea tradicional ICO-Pyme que la institución tiene abierta desde hace años. Esta cantidad es inferior en un 24% a los 1.849 millones de euros que habían demandando las pequeñas empresas en el primer trimestre del año anterior, reconoció Martínez

No obstante, el presidente del ICO matizó que estas cifras deben mantenerse aún con cautela habida cuenta de que en enero de este año todavía se estaba haciendo uso de la ampliación de la línea de crédito del año anterior, por lo que los datos no son de todo homogéneos. Martínez confió, además, en que en los próximos meses se recupere la tendencia de la demanda de préstamo de las empresas para inversiones, 'al igual que ha ocurrido en la última quincena de marzo'. Para el presente año, la línea ICO-Pyme está dotada con 7.000 millones de euros, a lo que se suman otras tres líneas de 275 millones para emprendedores, ampliación de la empresa e internacionalización.

Martínez destacó la labor del ICO en épocas como la actual de desaceleración económico con instrumentos como el que acaba de lanzar esta semana por el que concederá 3.000 millones de euros en avales para fondos de titulización especializados en vivienda de protección oficial.

El indicador de confianza del consumidor que elabora el ICO disminuyó en marzo 3,7 puntos, sumándose a la tendencia de meses anteriores. Empeoró, sobre todo, el subíndice referido a las expectativas para los próximos trimestres, indicó Martínez. (B. Díaz)

La economía sumergida en España supone un montante de 208.000 millones de euros, el equivalente al 23% del PIB del país, según un estudio realizado por el colectivo de técnicos de Hacienda (Gestha). Sin embargo, desde la Agencia Tributaria se asegura que no existe una metodología para realizar este cálculo.

Además, Gestha asegura que la Agencia Tributaria (AEAT) podría reducir en diez puntos porcentuales las bolsas de fraude, hasta hacerlo converger con la UE-15 y situarlo en el 13% del PIB, con un "plan eficaz" de lucha contra el fraude. De esta manera, precisaron, se podría hacer aflorar 90.000 millones de euros y recaudar vía impuestos otros 21.000 millones.

Así, los técnicos de Hacienda consideran "prioritario" que los esfuerzos de la AEAT se centren a corto y medio plazo en la lucha contra el fraude inmobiliario y el blanqueo de capitales adoptando medidas organizativas, fiscales e iniciativas legislativas "más exigentes que las actules".

Por su parte, fuentes de la Agencia Tributaria aseguraron que las cifras aportadas por Gestha son una extrapolación, en base al PIB actual, de un estudio privado realizado en 2001, por lo que entendieron que estos cálculos carecen de rigor.

Además, las mismas fuentes aseguraron que la lucha contra el fraude en las parcelas prioritarias para Gestha ha supuesto el ingreso de 19.400 millones de euros entre los años 2005, 2006 y 2007. (Europa Press)

Buen nivel emprendedor
A pesar de esto, nuestro nivel emprendedor sigue manteniendose en cotas altas. Las más de 145.000 empresas representan el 51% más de las que se creaban hace diez años. Y la caída en el número de sociedades constituidas puede estar influido en gran parte por el enfriamiento del sector de la construcción, haciendo que se creen menos empresas para actividades relacionadas con él, y que ha sido uno de los mercados hacia el que han dirigido su actividad gran parte de las nuevas empresas estos últimos años (de 2000 a 2005, según el INE, las empresas de construcción creadas aumentaron el 8,5%, frente al 3,5% de media del total de empresas).

Regiones en alza
Otro dato que conduce a un moderado optimismo es que, como apunta Carlos Fernández, director adjunto de Informa D&B, “en comunidades como Navarra, el País Vasco, La Rioja y Castilla y León se aprecia el mayor porcentaje de crecimiento en cuanto a constituciones de empresas, lo que demuestra la reactivación de distintas zonas geográficas”. Lo cual es doblemente significativo, dentro de un entorno en el que entre tres comunidades (Cataluña, Madrid y Andalucía) vienen aportando históricamente el 50% del total de nuevas empresas creadas en todo el país.

Otro de los factores que puede estar incidiendo en esta ralentización de forma importante, al margen de las pesimistas expectativas económicas, es la creciente dificultades para conseguir financiación ajena.

La banca cierra el grifo
Así la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios ha detectado que, debido a la crisis financiera internacional, “se está produciendo una restricción en la concesión de créditos a los jóvenes emprendedores”.

La encuesta realizada por AJE Confederación destaca que “el 72% de los encuestados ha visto denegada sus solicitud de financiación en los últimos tres meses”. Como consecuencia de esto “el 64,8% decidió renunciar al desarrollo empresarial previsto, mientras que el 25,4% realizó la inversión con recursos propios”.

Desde AJE Confederación, “se anima a los bancos y cajas a que no dejen de buscar su rentabilidad en los jóvenes empresarios al ser un colectivo alejado de la especulación, posible causa de la actual crisis financiera”. Pero, como suele pasar, siempre pagan “justos por pecadores”. (Emprendedores).

El coste laboral unitario crece el triple en España que en la zona euro.

Patronal y sindicatos acaban de firmar el Acuerdo de Negociación Colectiva para 2008, cuyo principal activo es supuestamente que los negociadores de los 5.000 convenios colectivos existentes pacten salarios moderados para más de diez millones de trabajadores. Ese es, al menos, el principal logro de estos acuerdos que vienen firmándose anualmente desde 2002.

Atendiendo a los datos oficiales del Ministerio de Trabajo durante 2007 la subida salarial media pactada en los convenios es del 2,89%. Esto a todas luces se corresponde con la moderación salarial que las cúpulas patronales y sindicales pregonan. Sin embargo, los costes salariales globales -que incluyen cotizaciones, deslizamientos salariales, atrasos, finiquitos e indemnizaciones por despido- y que, al fin y al cabo deben abonarse en su totalidad, no guardan esta misma moderación. De hecho, si se tienen en cuenta dichos costes extra salariales, el coste laboral en España creció un 4,2% en el tercer trimestre del año.

Esto no sería tan relevante en la actual situación económica si no fuera porque los costes laborales son un factor clave en la competitividad de las empresas y, sobre todo, en relación con el resto de los países competidores, donde los costes laborales avanzan mucho menos, a pesar de que algunas de estas economías partan de una foto fija inicial con costes laborales más elevados.

Si bien, desde una perspectiva temporal, la clave de la competitividad en materia de costes laborales, son los costes laborales unitarios, que es lo que cuesta elaborar una unidad de producto. En este caso, España también sale perdiendo y con creces.

Según los últimos datos del Banco de España, estos costes crecieron un 3% en el tercer trimestre del año, lo que supone más del triple que lo que avanzaron en la zona euro (0,8%). Es más, esta circunstancia es acumulativa y viene ocurriendo trimestre a trimestre, al menos en los últimos cuatro años.

Uno de los principales causantes de que esto ocurra son los salarios, que a pesar de registrar avances moderados, también crecen más que en la zona euro. Pero, sobre todo, el principal factor que erosiona la competitividad en toda esta ecuación, es la menor productividad de la economía española.

Así, los salarios podrían soportar mayores avances en España que los de sus países competidores si esto estuviera impulsado por una mayor productividad. Pero esto tampoco ocurre así, ni se ha producido en los últimos años.

Teniendo en cuenta ejercicios completos, la productividad de la zona euro siempre ha sido superior a la española desde 2004. La brecha fue especialmente significativa en 2006, cuando la productividad creció en los países de la Unión Monetaria (1,3%), prácticamente el doble que en España (0,7%). Y, sin embargo, los salarios españoles subieron un 3% el pasado año y los de la zona euro, un 2,2% (incluyendo los españoles, que suben la media).

En 2007 esta erosión competitiva se ha notado especialmente, ya que con avances similares de la productividad -0,8% en España y 0,7% en la zona euro en el último trimestre-, los sueldos españoles han subido un 3,7% y los de la zona euro, un 1,5%.

La industria no es precisamente la que registra mayores aumentos de los costes laborales, pero si es la más productiva. Quizás por eso, la patronal del metal (Confemetal) ha puesto las espadas en alto ante la posibilidad de que el salario mínimo suba un 8% anual durante los próximos ocho años, como proponen los sindicatos. 'Esta subida, producirá un incremento de los costes laborales unitarios, deteriorándose nuestra posición competitiva; más inflación, más problemas en la negociación colectiva; y más problemas de crecimiento económico y de creación y mantenimiento del empleo', advierte Confemetal. (R. P. C.)

Los líderes de los sindicatos CC OO y UGT y las patronales CEOE-Cepyme se comprometieron ayer, mediante la firma del Acuerdo de Negociación Colectiva para 2008, a mantener la moderación salarial en los convenios del próximo año. Con ello quieren ser 'un cordón de seguridad' que frene la espiral inflacionista el año que viene.

Para ello, CEOE-Cepyme y CC OO y UGT firmaron, por séptimo año consecutivo, el Acuerdo de Negociación Colectiva para 2008 que, según definieron los firmantes, incluye las indicaciones comunes de las cúpulas empresariales y sindicales a los negociadores de los 5.000 convenios colectivos existentes. 'Este año es muy importante que (los sindicatos) ayudemos a las empresas a contener la inflación y a hacer una economía más productiva y competitiva' aseguró el secretario general de CC OO, José María Fidalgo.

Esta ayuda vendrá de la fórmula para fijar salarios en 2008, que será idéntica a la que se viene poniendo en práctica desde 2002 y que, según reconocieron ayer garantiza desde entonces la moderación salarial.

Dicha fórmula está basada en la previsión de inflación (2%), más la inclusión en los convenios de cláusulas de revisión salarial -que garantizan que no se pierda poder adquisitivo si el IPC se desvía del previsto- y, en tercer lugar, la incorporación a los sueldos de parte de la mejora de la productividad, sin agotarla. Esto en la práctica equivale a subidas salariales que oscilarán, por lo general entre un 2% y un 3%.

'Se lo ofrecemos a la economía española como un cordón de seguridad, porque no queremos alentar la espiral inflacionista, sería suicida', añadió Fidalgo. Si bien, precisó que 'sería igual de suicida empobrecer el poder de compra de los trabajadores'.

De esta misma opinión fue el presidente de CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, quien manifestó el deseo de los empresarios de que 'no se pierda poder adquisitivo'.

Pero además de este compromiso, el secretario de UGT, Cándido Méndez, hizo, además otras dos sugerencias, al margen del acuerdo para combatir la subida de precios, sobre todo de los alimentos de primera necesidad. En concreto, recomendó a las autoridades económicas 'que vigilen y estudien si funcionan correctamente los canales de comercialización y distribución de estos alimentos'. E instó a estas mismas autoridades a 'debatir con tranquilidad un nuevo modelo energético sostenible'.

Pero el acuerdo de convenios es más amplio que lo referente a los salarios. Igual que en años anteriores, se recomienda a los negociadores el establecimiento de cláusulas que fomenten el empleo estable. Y, como novedades, solicitan que los convenios de 2008 plasmen las medidas de igualdad que incluye la ley vigente sobre esta materia. Además de cumplir con la elaboración de planes de igualdad en grandes empresas, piden medidas de acción positiva, dando prioridad a las mujeres en el acceso a puestos de trabajo en sectores donde están subrepresentadas; la subsanación de diferencias retributivas.

También reclaman que se traslade la nueva Estrategia de Salud y Seguridad en el Trabajo y que se adopten medidas contra el acoso laboral, que según Méndez es susceptible de afectar al 16% de los trabajadores.

Los primeros cálculos del Ministerio de Administraciones Públicas apuntan a que implica un coste del 1,2% del PIB, en torno a 12.000 millones de euros.

Según el estudio, la industria, la construcción y la hostelería, por este orden, son los sectores donde las trabas administrativas y la convergencia de regulaciones nacionales y autonómicas consumen más recursos económicos. En concreto, el 10% de las empresas de la construcción preguntadas por este aspecto revela que el coste anual supera los 30.000. Por su parte, una de cada dos grandes empresas de los sectores de la hostelería y el turismo (con más de 250 empleados) reconoce que destinan entre 6.000 y 30.000 euros para resolver temas burocráticos.

Entre las medidas propuestas por las Cámaras para reducir los trámites administrativos, las más valoradas son la reducción del número de tasas que deben abonar y ajustar su precio al servicio público prestado. Además, ocho de cada diez compañías considera muy importante reducir la normativa actual y recortar los plazos que se toman las administraciones para los pagos a las empresas (devolución de impuestos y pagos por servicios).

El Ejecutivo firmó en octubre un acuerdo con CEOE, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) y las Cámaras de Comercio para reducir en tres años un 25% los trámites burocráticos que tienen que realizar las empresas. (Cinco Dias)

En marzo de este año, el presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero afirmó en el Congreso su intención de abordar una reforma del impuesto de patrimonio para convertirlo en un censo de fortunas sin presión fiscal. Unos meses después, el Partido Socialista de Madrid planteó su supresión, lo cual debió agradar a la actual presidenta de la comunidad autónoma, la popular Esperanza Aguirre, quien echando mano de su programa electoral apenas tardó en anunciar que eliminaría este gravamen en la actual legislatura. Ayer, de nuevo, el presidente del Gobierno insistió en acabar con tan traído y llevado tributo, como ya lo hiciera hace unas semanas el líder del PP, Mariano Rajoy. Gane quien gane las próximas elecciones, el fin del impuesto parece cosa hecha.

Con la vista puesta en el entorno europeo, sólo Francia, Suecia y España mantienen este impuesto que grava la propiedad de todo tipo de bienes y derechos de los ciudadanos, así que algo tiene o algo le falta que a la mayoría disgusta.

Más allá de las grandes cifras, los expertos en fiscalidad han centrado el gran problema de este tributo en su propia definición, en que es la simple titularidad de un patrimonio lo que se grava. La propiedad, lisa y llanamente, es la manifestación de riqueza que tributa aquí.

Si afecta a bienes rentables, su impacto puede ser más o menos asumible -y ello, pese a que tal rentabilidad tribute en el IRPF-, pero si afecta a bienes que no proporcionan ingresos, lo cual no es muy extraño -por ejemplo, una cuenta corriente en un entorno de bajos tipos de interés- la cosa cambia. Así, el tributo ejerce un papel desincentivador sobre el ahorro al hacer que, en ocasiones, los contribuyentes obtengan rentabilidades negativas.

En España, la gestión y recaudación del impuesto está cedida a las comunidades autónomas. Cada territorio puede modificarlo a su antojo, pero suprimirlo por entero es una facultad que sólo tiene el Estado. Pese a que hasta ahora prácticamente ningún territorio ha modificado el impuesto, si un gobierno central decide su supresión, está quitando una importante arma política a los partidos de cara a las elecciones autonómicas.

Un lugar común al hablar de este impuesto es asociarlo a los millonarios o grandes fortunas. De hecho se le suele definir como 'el impuesto de los ricos que pagan las rentas medias'. Sin embargo, todas las personas que sean dueños de cualquier bien o derecho deben declararlo. Una vez valoradas todas las propiedades, se restan 150.253 euros del valor de la vivienda habitual y un mínimo exento general de 108.182 euros -Cantabria y Madrid han elevado este mínimo hasta los 150.000 y 112.000 euros, respectivamente-. Sólo por encima de estos importes hay obligación de presentar y pagar el tributo. En esta situación hay en España unas 960.000 personas. Como referencia, el IRPF mueve unos 14 millones de declaraciones al año. Para los críticos de este impuesto, el actual mínimo exento es muy bajo como para hablar de un impuesto de millonarios y también sorprende el escaso número de contribuyentes.

Respecto a que sólo lo pagan las rentas medias, de la última memoria de la Administración Tributaria, con datos de este impuesto de 2005 (ejercicio 2004) resulta que son los contribuyentes con patrimonios superiores a un millón de euros (el 6,6% del total de declarantes) los que aportan el 61,3% de la cuota a ingresar y, de media, estos contribuyentes pagan entre 8.000 y más de 100.000 euros al año.

Sobre el valor que el impuesto atribuye al patrimonio de cada persona, se aplica una escala de gravamen que va del 0,2%% hasta el 2,5% -en Cantabria, este tipo es del 3% y para 2008, Madrid prevé rebajarlo-. Según los últimos datos referidos al ejercicio 2006 obtenidos del Informe sobre cesión de tributos a las comunidades autónomas, en toda España, este impuesto proporcionó un total de 1.400 millones de euros, sobre el 5,8% de lo recaudado por impuestos cedidos. Así visto, el impuesto de patrimonio no proporciona una recaudación espectacular a las arcas de las comunidades autónomas.

Hasta ahora, el impuesto ha pervivido amparado en su poder para proporcionar información a Hacienda. Pero, ni la maquinaria actual de la Agencia Tributaria parece necesitar los datos de este impuesto, ni la actividad inspectora parece centrarse en este tributo del que, en 2006, apenas se comprobaron dos de cada 100 declaraciones. (V. Mazo)

La discusión tomó como punto de partida un estudio del departamento del comisario europeo de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia, que recuerda que 'los trabajadores inmigrantes también obtienen derechos futuros que pueden recibir tanto en el Estado miembro (donde han cotizado) como en el país de origen, porque muchos acuerdos bilaterales así lo reconocen'.

Los documentos del Ecofin al respecto señalaron, probablemente por primera vez de manera oficial y tan contundente, que 'los inmigrantes pueden contribuir a la sostenibilidad de los sistemas de pensiones de pago a cuenta, pero sólo a corto y medio plazo porque con el tiempo también acumulan derechos a pensión'.

La UE no dispone aún de estimaciones sobre el coste que puede suponer la jubilación de la población extracomunitaria. Pero la factura puede ser abultada porque la mayor parte del incremento de población en Europa se debe a la inmigración (1,6 millones de habitantes en 2006 para un aumento total de 2,1 millones). Y se calcula que Europa necesitará hasta 2050 más de 40 millones de trabajadores de terceros países para atender las necesidades de su mercado laboral.

Solbes cree que cada país de la UE 'deberá hacer cálculos actuariales' sobre el posible impacto en las cuentas públicas de ese estrato de población. El vicepresidente del Gobierno señaló que España recibe en estos momentos un 40% de los flujos migratorios que llegan a la UE. 'La mejora de la producción no debe hacernos olvidar las obligaciones a largo plazo', advirtió Solbes. (B. de Miguel).