17 de Abril, 2008
Publicado en Tácticas el 17 de Abril, 2008, 11:03
por TEYMA
 Se ha convertido en el primer banco del mundo que recurre al
marketing olfativo. Su sede desprende este aroma y pronto también lo
harán las cartas que envíe a sus clientes.
Nadie sabe a qué huelen las nubes, pero sí podrá decir a qué huelen
los bancos. Por lo menos Bankinter, que acaba de estrenar una nueva
seña de identidad corporativa que incluye marketing aromático.
Se trata de la primera entidad del mundo que adopta esta novedosa estrategia. Su sede ya desprende un olor a naranja y jazmín.
La iniciativa ha partido de A de Aroma. Esta empresa eligió estos
elementos de la naturaleza porque "reflejan valores como la
originalidad, la integridad, la agilidad y el entusiasmo".
Progresivamente Bankinter irá extiendo este aroma a más soportes.
Pronto llegará a las nuevas sucursales que está reformando y adaptando
a su nueva imagen, a la memoria anual de 2007 y hasta la
correspondencia que envía habitualmente a sus clientes.
Además, el banco también ha creado su propia sintonía. Está claro que Bankinter quiere llegar a través de los cinco sentidos. (Emprendedores)
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Publicado en Coyuntura el 17 de Abril, 2008, 10:34
por TEYMA
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 Trabajo asume la facultad de revisar el contingente de ciudadanos
extracomunitarios que pueden tener empleo en España. Hasta ahora, era
necesaria la solicitud previa de las empresas o las autonomías para
hacer cambios.
Eran pocos. Y podrán ser aún menos. El Ejecutivo planea dar a la tecla
del centrifugado para recortar el cupo de contrataciones de
trabajadores extranjeros de fuera de la UE previsto para este año
(15.731 efectivos). El mercado de trabajo ha comenzado a destruir
empleo y la llegada de nueva mano de obra complicaría aún más las
colocaciones de los 2,3 millones de parados que acumula el antiguo
Inem. Para evitar esta situación, el Ministerio de Trabajo se acaba de
autoconceder la potestad de alterar el contingente de extranjeros a su
“discreción”. El objetivo, según las fuentes próximas a este
Departamento, es que el contingente sufra un “tijeretazo” para aliviar
la situación del empleo.
La legislación vigente prevé que el
listado de sillas laborales reservados para los trabajadores
extracomunitarios pueda sufrir retoques, eso sí, siempre y cuando la
Dirección de Inmigración reciba antes las solicitudes correspondientes
de las organizaciones empresariales o de los Servicios Públicos de
Empleo autonómicos. De este modo, se pretende acercar las ofertas de
empleo de las empresas a la fuerza laboral extranjera, un tándem que
nunca se ha puesto en entredicho. Hasta este año.
En una
reciente instrucción, con fecha del 24 de marzo, el Departamento que
todavía dirigía Jesús Caldera tumba este pacto para decir que “la
reducción del número de puestos previstos para una determinada
ocupación [...] podrá ser acordadas por la Dirección General de
Inmigración, de oficio”.
Esta novedad legal permite reducir aún
más las contrataciones de extracomunitarios, de por sí dañadas por el
acuerdo del Consejo de Ministros del pasado diciembre que recortó, en
un 41%, el número de oportunidades de empleo para los inmigrantes. El
ajuste fue especialmente brusco en el sector de la construcción, donde
se prevé incorporar a 1.818 inmigrantes, un 65,2% menos que en 2007.
El cambio no ha pasado desapercibido a
los juristas, que señalan que es la primera vez, desde que se tienen
datos disponibles, que Trabajo hace una modificación de este tipo.
“Esta redacción faculta a la Dirección de Inmigración a hacer
alteraciones que estime pertinentes sin tener que hablar con nadie”,
señalan los abogados laboralistas consultados. Mientras que en el
entorno del Ministerio el cambio se da por hecho, las agrupaciones de
agricultores, un colectivo que tradicionalmente se ha nutrido del cupo
de extranjeros, sobre todo, para hacer frente a las campañas
estacionales, indican que no han recibido información al respecto, “si
bien, al tratarse de una decisión política, no nos extrañaría ser los
últimos en enterarnos”, aseguran desde COAG. Asimismo, advierten del
“lío” que supondría recortar las contrataciones, cuando llevan meses en
el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La Asociación Agraria de
Jóvenes Agricultores (Asaja) indica que está prevista una reunión con
representantes del nuevo Ejecutivo en la que se abordarán “cuestiones
relativas a la contratación de inmigración”, en la que, entre otros asuntos,
“se darán instrucciones del régimen no comunitario”.
Corbacho quiere poner orden en la inmigración
Celestino
Corbacho ha llegado al Ministerio de Trabajo dispuesto a poner orden
entre el complejo fenómeno de la inmigración. El nuevo ministro dejó
claro que su prioridad será que la inmigración sea “regular” para que
no haya ni un solo extranjero sin un contrato de trabajo. El reto es
ambicioso, pero Corbacho apuntó que la experiencia en este asunto le
sirve de credencial; así, recordó que, en tan sólo tres años,
Hospitalet, enclave municipal del que ha sido alcalde, multiplicó su
población extranjera desde el 4% al 23% . La receta de Corbacho es una:
“Ante esa situación, no teorizo. Ante un caso así, hay que arremangarse
y abordar el fenómeno”. El nuevo titular de Trabajo lanzará dos mensajes a la opinión pública.
El primero, a los españoles: “Que
la inmigración es necesaria”, y no un problema. Y el segundo, dedicado
a la población inmigrante: ”Las normas no las pone el último que se
empadrona”. El mensaje de Corbacho tropieza con un mercado laboral
complicado. El paro registró el pasado mes su peor marzo en siete años,
pese a recortarse en 14.356 personas. Además, el desempleo entre
extranjeros se ha elevado un 47,8% en el último año. En concreto, de
los cerca de 77.600 parados inmigrantes generados en los últimos doce
meses, el 40% está ligado al sector de la construcción. (M. Tejo)
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Publicado en Laboral el 17 de Abril, 2008, 10:13
por TEYMA
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 Los accidentes laborales no distinguen entre pyme y gran empresa y,
por tanto, tampoco la ley. La obligación “incondicional” de analizar y
establecer medidas preventivas es común para todas las compañías,
independientemente de su tamaño, asegura David Isaac Tobia, director
del Departamento Laboral de Deloitte.
La normativa en prevención de riesgos laborales es muy
flexible y establece que cada empresa debe evaluar, en función de unos
parámetros establecidos, cuáles son los riesgos tanto de su actividad
como de sus instalaciones para el empleado.
El objetivo no es
sólo evitar posibles siniestros en el lugar de trabajo, sino también
minimizar los efectos derivados del desempeño de una actividad laboral
en la salud del empleado.
Una vez evaluados los distintos
focos de riesgo, la compañía debe comprometerse a establecer las
medidas necesarias que, por ley, está obligada a adoptar para mejorar
estos aspectos. Aunque todas las compañías tienen que aplicar estas
medidas, el nivel mínimo de organización preventiva dentro de una firma
se establece en función del tamaño.
Las firmas de menos de cinco
trabajadores no necesitan contar con un delegado interno de prevención
y es el propio empresario el que puede hacerse cargo de este servicio.
A partir de 50 empleados, la empresa está obligada a contar con un
comité de seguridad y salud. Aunque cualquier corporación, sobre todo
las más pequeñas, puede optar por un servicio de prevención ajeno,
aquellas con más de 251 trabajadores ya pueden contar con un
departamento propio. Las firmas con una plantilla formada por más de
4.000 personas tienen que contar, como mínimo, con ocho delegados
internos.
En las guías elaboradas por el Ministerio de Trabajo,
se puede encontrar cientos de recomendaciones para establecer
mecanismos de prevención en función de la actividad de cada empresa,
que van desde la inclusión de la letra ñ en los teclados de los
ordenadores de una oficina hasta la escala en la que se tienen que
confeccionar los planos en los que se indican las salidas de
emergencia, que se tienen que distribuir por todo el edificio.
Sanciones
David
Isaac Tobia explica que las sanciones por no cumplir con la normativa
vigente en materia de prevención de riesgos laborales están
establecidas entre los 40 euros y los 819.000 euros, aunque la media
aproximada de las multas reales impuestas a las compañías se sitúa
entre 6.000 y 30.000 euros. El objetivo es intentar reducir el millón
de accidentes laborales que, cada año se producen en las compañías
españolas.
En opinión del director del Departamento Laboral de
Deloitte, uno de los principales fallos a la hora de diseñar la
política de prevención es que “no se efectúa una evaluación de los
riesgos específica”. Pero uno de los puntos donde más tiene que incidir
la organización es en reforzar los planes de formación.
“Hay
que concienciar al trabajador de la necesidad de seguir las normas de
seguridad”, apunta Tobia, para quien “la empresa tiene mayores
responsabilidades y obligaciones”, aunque reconoce que, a veces, “se
olvida que el empleado también es responsable de su propia seguridad”.
Requisitos legales
Es
obligatorio que todas las empresas informen a un trabajador recién
contratado de las normas de seguridad y recomendaciones para evitar
cualquier accidente en el puesto de trabajo. El plan de formación tiene
que reforzarse y actualizarse cada vez que se produzca un cambio en la
situación del empleado, ya sea un nuevo cargo en otro departamento o un
cambio de sede.
Las normas pueden comunicarse a través de
distintos canales, como manuales o cursos de corta duración, ya sean
presenciales u online. Es obligatorio contar con un documento en el que
recojan todas las medidas de prevención y protección en cada puesto de
trabajo.
Cada compañía tiene que contar con un sistema de
actuación diseñado en caso de emergencia y, por supuesto, tiene que
comunicárselo a sus empleados. De forma complementaria, el edificio
tiene que estar correctamente señalizado para hacer frente a estas
situaciones: indicadores de salidas de emergencia, planos de las
instalaciones, tomas de agua, localización de extintores, etc.
Supuestamente, todo trabajador debería recibir la formación necesaria
para ser capaz de entender los símbolos de emergencia y saber cómo
utilizar (si le corresponde) cada mecanismo de seguridad.
Tanto
la legislación como el desarrollo normativo en torno a la prevención
de riesgos laborales es muy amplia y se ajusta a las distintas
realidades del empresariado nacional, aunque también existen puntos
comunes de obligado cumplimiento para cualquier compañía: necesidad de
documentar y comunicar a las autoridades competentes cualquier
siniestro laboral, realizar un control sanitario a los trabajadores
para adaptar el puesto a sus necesidades y ofrecer, entre otras
medidas, un reconocimiento médico, aunque el acceso por parte del
empleado es totalmente voluntario, además de confidencial. La plantilla
temporal contratada a través de una ETT también cuenta con los mismos
derechos en materia de prevención de riesgos laborales de los que
disfrutan sus compañeros.
Puesto de oficina
Las
particularidades específicas que cada compañía debe asumir depende de
su tipo de actividad. Mientras que en las fábricas se debe tener
especial cuidado con la seguridad en la manipulación de las máquinas y
en el ruido que éstas producen, en una oficina la prevención está
encaminada a adecuar los puestos de trabajo en aspectos como la
ergonomía o la relajación visual.
La pantalla de un ordenador
tiene que poder girarse e inclinarse, además de facilitar el ajuste de
cuestiones como el brillo o el contraste. El teclado, además de ser
independiente y de incluir la letra ñ, también debe incorporar los
símbolos ¿ y ¡, además de otros caracteres empleados en castellano y
que se utilizan en el mundo anglosajón.
Aunque la normativa no
lo contempla, las guías del Ministerio de Trabajo también recomiendan
que “la fuerza de accionamiento de las teclas no sea tan grande que
provoque fatiga en las manos del usuario”. El escritorio debe ser mate
para evitar reflejos. La silla tiene que disponer de un regulador de
altura, al igual que el respaldo, del que también se debe poder graduar
la inclinación. La empresa está obligada a proporcionar un reposapiés a
quien lo solicite, así como a estudiar la adecuación de las fuentes de
luz o el software utilizado en cada ordenador.(S. Saiz)
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Publicado en Finanza Personal el 17 de Abril, 2008, 9:58
por TEYMA
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 A la espera de que el Gobierno concrete cómo pretende instrumentar
las ayudas a las familias que tienen dificultades para pagar su
hipoteca, los bancos manifestan su disposición a colaborar. El ministro
de Economía, Pedro Solbes, reiteró que el Gobierno quiere
facilitar que las familias con problemas amplíen el plazo de su
hipoteca.
Sin embargo, el ministro, siguió sin explicar cómo quiere alcanzar
este objetivo.
Según el presidente de la patronal bancaria
AEB, Miguel Martín, los bancos ya están actuando en la dirección que
indica el Gobierno, porque prefieren encontrar una solución para cobrar
el crédito que quedarse con la vivienda. Sin embargo, Martín matizó que
las entidades no aplican un criterio general, sino que deciden en
función de cada cliente.
Si se trata de un buen cliente, que
puede superar sus problemas ampliando los plazos, lo más normal es que
el banco le ayude, pero no habrá refinanciación garantizada para todos
los que lo pidan. Martín no descartó que en algunos casos las entidades
estén dispuestas a asumir los costes de la comisión para el cambio de
hipotecas. Pero, en el sector destacan que estos costes no son los
únicos y que el Gobierno no ha aclarado aún quién debería pagar los
demás gastos (como los notariales).
El respaldo del Estado
El
presidente de la AEB dejó bien claro que quienes tienen problemas
de liquidez no son los bancos españoles, sino los extranjeros, “los que
acudieron el pasado 9 de agosto a pedir liquidez al BCE”. Según Martín,
las entidades españolas se verían beneficiadas si el BCE alargara los
plazos de los préstamos que está dando a las entidades, pero son las
extranjeras quienes más lo necesitan. Lo que de verdad quieren los
bancos de este pais es que se vuelvan a abrir los mercados, para volver a
financiarse por los canales habituales, reiteró Martín.
Pero,
hasta que los mercados vuelvan a la normalidad, se estudian fórmulas
para paliar los efectos de la crisis financieras. Aunque no haya habido
conversaciones oficiales, fuentes financieras comentan que se está
estudiando la posibilidad que la Administración avale parte de las
titulizaciones de las entidades financieras.
Según se comenta
en el sector, la petición habría salido originariamente del sector de
los promotores inmobiliarios y no de los bancos, aunque el propio
Martín reconoció que si el Gobierno tomara esta iniciativa “a la
banca le parecería bien”. Las fuentes consultadas explican, sin
embargo, que el Ejecutivo no se plantea respaldar todas las
titulizaciones hipotecarias (como sí sugirió el primer ministro
británico, Gordon Brown, para ayudar a la banca inglesa).
La
medida, si se llegara a concretar, podría afectar sólo a las
titulizaciones de hipotecas de viviendas de protección oficial. Aunque,
en el sector hay dudas sobre cómo acogería Bruselas una medida de este
tipo. (M. Romaní)
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Publicado en General el 17 de Abril, 2008, 9:18
por TEYMA
 El
Ministerio de Economía y Hacienda aplicará la ayuda de 400 euros a los
trabajadores por cuenta propia a través de devoluciones trimestrales de
100 euros, debido a las diferentes formas de tributar que tiene este
colectivo.
No obstante, por ser el 2008 el primer año de aplicación de la
medida fiscal, los autónomos recibirán los primeros 200 euros (la
cuantía correspondiente a los seis primeros meses del año) en el mes de
julio, otros 100 euros en octubre y los últimos 100 en diciembre.
En cambio, desde el próximo ejercicio, las deducciones se aplicarán
cada tres meses y se irán arrastrando de un trimestre a otro, de manera
que lo que no se consuma en uno se podrá acumular al siguiente. Esto se
llevará a cabo tanto en los sistema de declaración objetiva como en los
de directa.
Por su parte, en 2008, el resto de contribuyentes recibirán los
primeros 200 euros también en el mes de julio, mientras que los 200
euros restantes se irán descontando de las retenciones mensuales entre
julio y diciembre. A partir de 2009, los 400 euros se prorratearán
coincidiendo con cada una de las retenciones mensuales de los
trabajadores. (Ep)
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