 La CEOE reclama al Gobierno que ninguna de las medidas que adopte para paliar la desaceleración suponga un aumento de costes y una carga para las empresas en los próximos dos años que, en su opinión, durará esta fase. Las materias 'especialmente sensibles' serán la subida del salario mínimo y las cotizaciones a la Seguridad Social.
Las medidas anunciadas por el Gobierno en materia económica 'son pocas y será necesario adoptar más para afrontar la desaceleración este año, que va a ser malo, y 2009, que va a ser peor'. Con este escepticismo resumía el presidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, la postura de los empresarios ante la próxima legislatura.
Previamente, Díaz Ferrán había presidido la reunión de la junta directiva de CEOE que elaboró un documento de consideraciones para el Gobierno y el próximo proceso de diálogo social.
Para empezar, los empresarios lanzaron una clara advertencia para los próximos dos años que prevén que duren las dificultades económicas: las medidas que se adopten para afrontar la desaceleración no podrán 'perjudicar la competitividad, el crecimiento y el empleo, con mayores cargas para las empresas'. En ese sentido, la CEOE alertó que en las próximas negociaciones, los empresarios serán 'especialmente sensibles' con cualquier eventual aumento de cotizaciones a la Seguridad Social o con los futuros incrementos del salario mínimo interprofesional (SMI).
Esta advertencia dificulta, de entrada, las negociaciones del nuevo diálogo social ya que la subida del salario mínimo -de los actuales 600 euros mensuales a 800 euros- es una promesa electoral del PSOE y un compromiso del discurso de investidura, que José Luis Rodríguez Zapatero tiene la intención de cumplir en esta legislatura.
El temor de los empresarios es que este incremento de la renta mínima no sólo afecte a 150.000 perceptores directos del SMI, sino que produzca un 'efecto cascada' contagiando al alza al resto de los salarios.
La polémica, por tanto, esta servida, máxime cuando en octubre pasado los empresarios ya se quejaron de esta propuesta socialista que, además, dividió entonces al Gobierno. Mientras que desde Moncloa se daba el visto bueno a la petición sindical de elevar el SMI a 800 euros entre 2008 y 2012, el ministro de Economía, Pedro Solbes, insistía en preguntarse si se debía tomar una decisión como esa 'cuando no se sabe como va a ir la economía'.
Ahora, meses después, se sabe algo más y las noticias no apuntan precisamente a una mejora económica. Por ello, los empresarios insistieron en recordar al Gobierno que 'esta nueva situación de desaceleración de la economía está teniendo especial incidencia en el mundo de la PYME, porque tiene menos medios financieros y encuentra enormes dificultades para obtener recursos para su normal actividad'.
Ante esta situación, la CEOE aboga porque las medidas que se adopten aligeren las cargas empresariales. Entre estas medidas están una rebaja del impuesto de sociedades; una mejora del régimen fiscal de las amortizaciones; mantener el actual sistema de deducciones por I+D+i más allá de 2011; o suprimir los impuestos sobre actividades económicas, patrimonio y sucesiones y donaciones.
En el terreno laboral aconseja 'seleccionar medidas que tengan mayor y más rápido impacto en favor de la creación de empleo'. En este sentido las exigencias patronales apuntan a una rebaja de las cotizaciones empresariales.
De hecho, los líderes patronales se temen que, ante un eventual empeoramiento de la economía que dispare el gasto en desempleo, el Gobierno pudiera decidir aumentar las contribuciones empresariales. De ahí, parte de la advertencia para que no se incrementen ninguna de las cargas de las empresas.
Dicho todo esto, Díaz Ferrán reprochó implícitamente al Gobierno que no haya tomado medidas preventivas ante la crisis, ya que, según explicó, otros países suelen acometer las reformas necesarias en épocas de bonanza, 'y no cuando hay vacas flacas, como ahora, que tendremos que hacer estas reformas de manera urgente'. (R. Pascual)
| 
