 La
negociación colectiva, el sistema de protección por desempleo, la
intermediación, la inspección y la formación son algunos de los ámbitos
que necesitan más cambios.
Cada vez que patronal y sindicatos se sientan a negociar una reforma
laboral, la originalidad en los temas de la agenda brillan por su
ausencia. Cierto es que está más que probado que los cambios que
inciden en la creación de empleo o en su calidad están siempre
relacionadoscon los costes del factor trabajo. Debe ser por esta razón
que, aunque los negociadores hablen de reformar otros aspectos del
mercado laboral, a la hora de la verdad, las recetas son siempre las
mismas: abaratar de una u otra forma el coste del empleo. La fórmula de
incentivos al empleo fijo mediante rebajas de las cotizaciones
empresariales que viene usándose en los últimos diez años empieza a
agotarse. Sobre todo en una coyuntura de desaceleración económica, ya
que es costosa para las arcas públicas. En cualquier caso, todas las
medidas acordadas en reformas laborales hasta la fecha (ampliación de
las causas del despido y rebaja de su coste en 1994 y 1997; o la
limitación legal al encadenamiento de contratos temporales en 2006)
están relacionadas con el coste del empleo.
Sin embargo, hay otra serie de reformas que, por su dificultad y por
los intereses de los implicados ni la patronal, ni los sindicatos, ni
ningún Gobierno se atreven a abordar. Me refiero a cambios necesarios
en el ámbito de la negociación colectiva; el sistema de protección por
desempleo; la Inspección de Trabajo y la formación de trabajadores. El
último intento de reformar los convenios colectivos fue en 2001. Desde
entonces, es un tema prácticamente tabú. “Mejor no mentar la bicha”,
dicen en privado empresarios y sindicalistas cuando se les pregunta por
este asunto. Los cambios necesarios en esta materia deberían estar
orientados a fomentar los convenios sectoriales nacionales, como
paraguas amplio de protección y, por otro lado, reforzar los convenios
de empresa.
Los miles de acuerdos colectivos que existen en ámbitos intermedios,
sobre todo los sectoriales provinciales, deberían ir desapareciendo. Si
bien esto es algo a lo que no están dispuestos los cuadros de mandos
intermedios de CEOE, CC OO y UGT, cuya labor principal es negociar esos
convenios y sin ellos su existencia no tendría razón de ser. Otra gran
reforma que lleva quedándose en el tintero en las dos últimas
legislaturas es la del sistema de protección por desempleo. Ahora, el
seguro de paro tiene un grado de protección aceptable. Pero es en el
siguiente peldaño, ayudar al parado a encontrar un nuevo empleo, donde
el sistema público falla estrepitosamente. Cuesta mucho encontrar a
alguien a quien los servicios de empleo de las comunidades autónomas
(antiguo Inem) le haya encontrado un trabajo. Una posible solución
sería permitir a las empresas de trabajo temporal que puedan operar
también como intermediarios en el sector de empleo fijo y de selección
de plantillas. Eso sí, con todas las garantías que ya se les exigen
para la gestión del empleo temporal.
Sólo con mecanismos ágiles y eficaces de búsqueda guiada de empleo
podría configurarse un sistema de protección por desempleo que no
desincentive la búsqueda de un nuevo puesto de trabajo. La otra gran
ausente del mercado laboral es la Inspección de Trabajo. Hace
falta un cuerpo de vigilancia tan fuerte como el de la Agencia
Tributaria. Finalmente, dado el rotundo fracaso del actual sistema de
formación de los trabajadores, el Gobierno debería dejar a un lado los
intereses subvencionadores de patronal y sindicatos y dar una vuelta
imaginativa al sistema, estableciendo incentivos para los empresarios
y, sobre todo, para los trabajadores que quieran formarse. (R. Pascual)
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