NOTICIAS PARA LA P.Y.M.E.

Las microempresas tendrán ayudas y más flexibilidad para asumir la prevención.

El Ministerio de Trabajo, los sindicatos y la patronal tienen previsto cerrar un acuerdo sobre una hoja de ruta para reducir un 25% los accidentes laborales. Las pequeñas y medianas empresas serán las beneficiarias de una buena parte de las 100 medidas que incluye la Estrategia española de seguridad y salud en el trabajo (2007-2012), que prevé incentivos económicos y un traje a medida para reducir la burocracia. El Gobierno pondrá en marcha un sistema bonus malus, que bajará o subirá las cotizaciones a la Seguridad Social en función del nivel de siniestralidad.
El director general de Trabajo, Raúl Riesco, indicó que el objetivo de estas medidas es que las empresas "tengan más recursos preventivos y que obtengan ventajas si reducen la siniestralidad", y recordó que hace más de 15 años que se plantea la posibilidad de aplicar un sistema de descuentos y recargos similar al de los seguros de coche. Finalmente, la medida se pondrá en marcha gracias al acuerdo con los sindicatos y la patronal.

PETICIONES DE LA CEOE
Pese al acuerdo, la directora del área social de la CEOE, Pilar Iglesias, pidió la extensión de los descuentos a todas las empresas, "que también pagan y deberían beneficiarse de la medida", y recordó que las aportaciones de las empresas para el seguro contra accidentes generan excedentes porque "son muy caras".
Las empresas de hasta 10 trabajadores también recibirán bonificaciones del Seguro si deciden asumir directamente la prevención con un sistema simplificado que permitirá al empresario realizar una autoevaluación de riesgos con el control posterior de la inspección. Para acabar de convencer a las microempresas, el acuerdo las eximirá de la obligación de someterse a una auditoría.
En el fondo de esta medida también está el recelo de la Administración respecto a las compañías especializadas en servicios de prevención laboral. Una campaña de inspección realizada por el departamento de Treball detectó problemas en 20 de las 23 empresas analizadas.
En el acuerdo también se crea la figura del agente de prevención, un técnico pactado entre los sindicatos y las patronales que ofrecerá asesoramiento a las empresas de hasta 50 empleados. Ésta es una de las principales reivindicaciones sindicales aceptadas en el documento.
El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, destacó en Bruselas que entre las 100 medidas también se encuentra un plan renove para actualizar maquinaria obsoleta y un carnet profesional que acreditará la formación de los albañiles. (A. Fuentes)

La banca española podrá cobrar a sus clientes por servicios gratuitos hasta ahora, como la recepción de su nómina o la domiciliación de recibos, gracias a una directiva que podría entrar en vigor a finales del 2009. El Banco de España no prevé que lo apliquen.

Dos proyectos europeos, la directiva de Sistemas de Pagos y la Zona Única de Pagos en Euros (conocida como SEPA, en sus siglas en inglés) abrirán la veda para que el sistema bancario español sufra una revolución. En virtud de esas normativas, la banca podrá cobrar a sus clientes a partir del 2009 por los recibos de servicios básicos que tengan domiciliados o por recibir su nómina, su pensión o la devolución de impuestos como el IRPF en su cuenta corriente, algo inédito en España.

La razón de ese cambio es básicamente técnica, ya que las entidades españolas se verán obligadas a migrar al sistema de comisión compartida entre ordenante y receptor de la operación. La banca tiene la posibilidad de utilizar esa modalidad desde el 2006 para casos, como el de las transferencias ordinarias, aunque nadie se ha atrevido a dar el primer paso. En el caso de nóminas o pensiones, no existe esa opción.

El objetivo de los proyectos europeos es que cada banco cobre a su cliente por los servicios que realmente le preste, lo que apenas se aplica en España, donde normalmente se cobra al ordenante de la operación. Por tanto, los proyectos tendrán un efecto claro. En el caso de las transferencias, el coste pasará a ser abonado por el ordenante y el receptor, lo que no acarreará un incremento de las comisiones, sino todo lo contrario, según el Banco de España. La explicación reside en que las personas o empresas que ordenen este tipo de transacciones pagarán la mitad de la comisión que se les cobra actualmente, mientras que al receptor se le trasladará un coste sólo si su entidad realmente le ha prestado un servicio, como la comprobación del número de cuenta, en el caso que el ordenante de la transferencia sólo haya facilitado su nombre y apellidos.

Así, el precio de estas operaciones "debería ser muy bajo o incluso nulo, dependiendo de la política comercial de cada entidad", señalan en el Banco de España, donde recuerdan que muchos bancos y cajas españolas han optado desde hace tiempo por ofrecer a sus clientes tarifas planas en comisiones.

Las exigencias de la SEPA se podrán aplicar a las transferencias ordinarias a partir de enero del 2008, pero no a las efectuadas para pagar las nóminas, las pensiones o las devoluciones de impuestos, que tendrán que esperar hasta que entre en vigor la directiva, previsiblemente en noviembre del 2009.

No obstante, en el Banco de España dudan de que las entidades empiecen a cobrar por estos servicios, dada la elevada competitividad del sector en España. Lo mismo señalan para la domiciliación de recibos tradicionales (luz o teléfono), aunque la posibilidad existirá. (LVD).